Estados Unidos Designa al PCC y CV de Brasil como Organizaciones Terroristas: Implicaciones Legales y de Cumplimiento Clave

El 28 de mayo de 2026, el Departamento de Estado de EE.UU. designó a las mayores organizaciones criminales de Brasil—Primeiro Comando da Capital (“PCC”) y Comando Vermelho (“CV”)—como Terroristas Globales Especialmente Designados (“SDGTs”, por sus siglas en inglés) en virtud de la Orden Ejecutiva 13224 y anunció su intención de designar a ambos grupos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (“FTOs”, por sus siglas en inglés), con las designaciones de FTO previstas para entrar en vigencia tras su publicación en el Federal Register el 5 de junio de 2026. Esta acción se alinea con un cambio más amplio en la política estadounidense hacia el uso de leyes antiterroristas para combatir carteles y organizaciones criminales transnacionales (“TCOs”, por sus siglas en inglés) en toda América Latina, y eleva materialmente los riesgos legales y de cumplimiento para las empresas que operan en la región, particularmente aquellas con algún nexo con Estados Unidos.

Si bien la exposición a sanciones asociada con estos grupos—particularmente el PCC—ya era significativa, la designación como FTO introduce un marco más amplio con un riesgo legal materialmente incrementado. Las empresas e individuos ahora pueden enfrentar responsabilidad penal por proporcionar “apoyo material” al terrorismo, así como responsabilidad civil bajo la ley estadounidense, incluso cuando cualquier interacción con estas organizaciones sea indirecta u ocurra bajo coerción. En términos prácticos, la designación transforma una serie de desafíos operativos—especialmente aquellos que involucran extorsión, riesgo de terceros y opacidad en la cadena de suministro—en riesgos legales de alto impacto bajo los estatutos antiterroristas de EE.UU. Las empresas con operaciones en Brasil u otras partes de América Latina deben revisar sus medidas de cumplimiento a la luz de esta designación.

Operando en Brasil y América Latina: De Riesgo de Seguridad a Exposición Legal

En muchas partes de Brasil y la región latinoamericana en general, las empresas operan en entornos donde las TCOs ejercen influencia territorial de facto, afectan la mano de obra y la logística, e imponen “tributación” informal a través de extorsión o esquemas de protección.

Históricamente, estas dinámicas se han abordado como cuestiones de seguridad, operativas o de cumplimiento local. La designación del PCC y CV como FTOs altera fundamentalmente este análisis. Conductas realizadas para garantizar la seguridad de los empleados o mantener las operaciones—como pagos para asegurar acceso, transporte o protección—ahora pueden caer dentro del alcance del derecho penal estadounidense. Esto crea una tensión estructural para las empresas, ya que las acciones tomadas localmente para mitigar riesgos físicos pueden simultáneamente aumentar la exposición a la aplicación de la ley estadounidense.

El PCC, que se originó en el sistema penitenciario de São Paulo, ha evolucionado hasta convertirse en una organización altamente estructurada con reputación de disciplina operativa y alcance internacional. El CV, históricamente arraigado en Río de Janeiro, mantiene un fuerte control territorial y una influencia de larga data sobre las redes de distribución de drogas. Ambas organizaciones operan a través de ecosistemas comerciales y financieros complejos, a menudo opacos, que se entrecruzan con la actividad empresarial legítima.

En la práctica, la exposición no se limita a la interacción directa con estos grupos y puede surgir en una amplia gama de sectores. Las instituciones financieras son particularmente sensibles, dado su papel en el procesamiento de transacciones que pueden, incluso inadvertidamente, involucrar fondos ilícitos o entidades designadas. Sectores como energía, infraestructura, construcción, transporte y logística también enfrentan un riesgo elevado debido a su huella operativa, dependencia de intermediarios y presencia en regiones donde las organizaciones criminales ejercen control territorial. Al mismo tiempo, los negocios locales—como talleres de reparación de automóviles, estaciones de combustible y otros proveedores minoristas o de servicios—pueden enfrentar una mayor exposición en ciertas regiones, incluyendo a través de coerción, pagos indirectos o relaciones con contrapartes cuyas afiliaciones no son completamente visibles.

Esta designación también refleja una tendencia más amplia de la política estadounidense. En 2025, Estados Unidos designó a varias organizaciones criminales latinoamericanas—incluyendo importantes carteles mexicanos, MS-13 y Tren de Aragua—como FTOs, señalando una creciente disposición a abordar el crimen organizado a través de marcos antiterroristas. El anuncio del Departamento de Estado caracterizó al CV y PCC como grupos cuya “influencia y redes ilícitas se extienden mucho más allá de las fronteras de Brasil, a través de nuestra región y hacia nuestro país”, reforzando el enfoque extraterritorial de estas designaciones. Al mismo tiempo, las autoridades brasileñas han expresado reservas respecto a este enfoque, enfatizando las motivaciones principalmente económicas de estos grupos y planteando preocupaciones relacionadas con la soberanía y el alcance extraterritorial de la ley estadounidense. Esta divergencia subraya el entorno regulatorio cada vez más complejo en el que las empresas deben operar.

Implicaciones Legales Clave Bajo la Ley Estadounidense

Los riesgos legales derivados de la designación del PCC y CV no se limitan a empresas con sede en EE.UU. Las leyes antiterroristas y de sanciones estadounidenses tienen un amplio alcance extraterritorial, y un nexo suficiente con EE.UU. puede surgir en diversas circunstancias, incluyendo transacciones denominadas o liquidadas en dólares estadounidenses, el uso de bancos corresponsales o intermediarios estadounidenses, o la participación de inversores, personal u operaciones con sede en EE.UU.

Como resultado, empresas operando en Brasil o en otras partes de América Latina pueden estar expuestas al riesgo de aplicación de la ley estadounidense incluso en ausencia de presencia física en Estados Unidos. La designación formal de estos grupos como FTOs desencadena una serie de consecuencias legales severas que aumentan el perfil de riesgo para las entidades multinacionales:

Responsabilidad Penal por Apoyo Material (“Material Support”)

Como FTOs designadas, el PCC y CV están sujetos al 18 U.S.C. § 2339B, que tipifica como delito proporcionar conscientemente “apoyo material o recursos” a una organización designada. Este concepto se interpreta de manera amplia y puede abarcar pagos financieros de cualquier monto, la provisión de bienes o servicios (incluyendo alojamiento, capacitación, asesoría experta o personal), apoyo logístico o transporte, así como tratos realizados a través de intermediarios o terceros. La responsabilidad no depende de la intención de apoyar el terrorismo. El acto de proporcionar apoyo—directa o indirectamente—puede ser suficiente.

Igualmente importante, la ley estadounidense generalmente no reconoce una defensa de coerción o extorsión frente a cargos de apoyo material. Los pagos realizados bajo presión o coacción, incluyendo los llamados pagos de protección o “tributación” informal impuesta por grupos criminales territoriales, aún pueden ser tratados como apoyo material ilícito. Además, las partes que facilitan, permiten o canalizan dichos pagos – particularmente a través de intermediarios – pueden enfrentar exposición bajo teorías de responsabilidad de complicidad o conspiración, incluso cuando no interactúan directamente con una organización designada.

Estos riesgos pueden extenderse más allá de la entidad que proporciona dicho apoyo y, dependiendo de las circunstancias, pueden implicar a empresas matrices, filiales, funcionarios, directores y, en ciertos casos, empleados individuales. Las violaciones pueden resultar en enjuiciamiento penal, incluyendo multas significativas, decomiso de activos y posibles sentencias de prisión de hasta 20 años.

Sanciones y Bloqueo de Activos

La designación refuerza y amplía las sanciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”, por sus siglas en inglés). El PCC ya estaba designado como Nacional Especialmente Designados, lo que significa que las personas estadounidenses tenían prohibido realizar transacciones que involucraran al grupo y sus activos estaban sujetos a bloqueo. La designación como FTO aumenta materialmente la exposición al introducir responsabilidad penal por una gama más amplia de conductas, extendiéndose más allá de las transacciones financieras para incluir servicios, facilitación y otras formas de apoyo material.

Responsabilidad Civil

Bajo la Ley Antiterrorista de EE.UU. (“ATA”, por sus siglas en inglés), según fue ampliada por la Ley Justice Against Sponsors of Terrorism Act, los ciudadanos estadounidenses también pueden presentar demandas civiles contra entidades que proporcionen asistencia sustancial a organizaciones terroristas designadas. Esto crea un riesgo de litigio significativo, incluyendo exposición a daños triples, y puede aplicarse incluso cuando el presunto apoyo sea indirecto o mediado a través de terceros.

Riesgos Adicionales de Aplicación Regulatoria y Anticorrupción

Además de los marcos principales penales, de sanciones y civiles, las empresas también deben estar conscientes de herramientas de aplicación relacionadas que amplían aún más la exposición.

Las autoridades estadounidenses también han recurrido cada vez más a medidas financieras para designar a instituciones financieras extranjeras como “preocupaciones primarias de lavado de dinero”, restringiendo efectivamente su acceso al sistema financiero estadounidense. Estas medidas pueden tener efectos significativos en cascada sobre las contrapartes comerciales cuyas transacciones se canalizan a través de dichas instituciones. Al mismo tiempo, las autoridades de aplicación han destacado el creciente uso de criptomonedas y mecanismos de pago digital por parte de organizaciones criminales transnacionales, y han señalado su intención de priorizar casos que involucren activos digitales que faciliten actividades ilícitas.¹

Las autoridades estadounidenses también han priorizado investigaciones bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (“FCPA”, por sus siglas en inglés) que involucran soborno extranjero que facilita las operaciones de carteles y TCOs. En la práctica, esto significa que las transacciones—particularmente aquellas que involucran intermediarios o terceros que operan en entornos de alto riesgo—pueden ser examinadas no solo bajo marcos antiterroristas y de sanciones, sino también bajo leyes anticorrupción. Los pagos que facilitan las operaciones de organizaciones criminales pueden atraer la atención de las autoridades de aplicación, y la FCPA proporciona una vía adicional para perseguir pagos realizados a funcionarios extranjeros o para su beneficio.

Precedentes de Aplicación

Acciones recientes de aplicación de EE. UU. ilustran la amplitud y seriedad de la responsabilidad potencial bajo marcos antiterroristas y relacionados de EE. UU., incluyendo:

• Chiquita Brands International, que admitió en 2007 haber realizado más de 100 pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia disfrazados como “gastos de seguridad”, pagando una multa de US $25 millones;
• Lafarge S.A., que se declaró culpable en 2022 por haber apoyado a ISIS y al Frente al-Nusra a través de pagos de protección en Siria, resultando en una multa de US $778 millones; y
• Caso de Petróleo Crudo del CJNG, en el cual el DOJ acusó en 2025 a operadores de petróleo crudo de Texas de conspirar para apoyar al cartel mexicano Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mediante el contrabando de envíos y la dirección de pagos a negocios vinculados al cartel; el caso conlleva posibles penas de prisión de 20 años, multas y decomiso de activos.

Estos casos subrayan que (i) la responsabilidad puede surgir de pagos relativamente pequeños o indirectos, (ii) la conducta tanto antes como después de la designación puede ser examinada, y (iii) la ausencia de intención de apoyar actividades ilícitas no es determinante. Más importante aún, incluso las empresas con programas de cumplimiento robustos pueden enfrentar exposición, particularmente cuando las operaciones locales están sujetas a presión o coerción.

AML, Inteligencia Financiera y Cómo Puede Surgir la Exposición en la Práctica

En la práctica, la exposición puede surgir no solo a través de tratos directos con organizaciones designadas, sino también a través de inteligencia financiera, conexiones indirectas y patrones que emergen a través de transacciones y contrapartes. En particular:

• Monitoreo del sistema financiero: Los bancos que operan en dólares estadounidenses o con exposición a EE.UU. monitorean rutinariamente las transacciones y presentan Informes de Actividad Sospechosa (“SARs,” por sus siglas en inglés) cuando la actividad presenta características inusuales o vínculos potenciales con entidades designadas. Estos informes a menudo sirven como punto de partida para investigaciones más amplias.
• Investigaciones transfronterizas y análisis de datos: Las autoridades se basan en esta información a través de la cooperación entre reguladores y fuerzas del orden, así como mediante análisis de datos que identifican patrones a través de transacciones, entidades y estructuras de beneficiarios finales – a menudo revelando conexiones que no son aparentes desde ninguna relación individual.
• Rastreo de cadena de suministro e informes internos: Las autoridades también pueden rastrear el destino final de bienes o servicios, identificando situaciones en las que actividad comercial de otra manera legítima está indirectamente vinculada a organizaciones designadas. Los informes de denunciantes e investigaciones internas pueden contribuir aún más a descubrir estas conexiones.

A través de estos esfuerzos de aplicación, surge un tema consistente: la exposición frecuentemente surge a través de intermediarios—incluyendo distribuidores, proveedores de logística, contratistas y socios locales—en lugar de a través de interacciones directas con una organización designada.

Cómo Podemos Ayudar

A la luz de estos desarrollos, las empresas que operan en Brasil y en toda América Latina deben considerar una estrategia proactiva e integrada que aborde tanto las realidades operativas como las expectativas cambiantes de aplicación de EE.UU. Nuestro equipo de Global Investigations & White-Collar combina experiencia legal, de cumplimiento y operacional para ayudar a los clientes a navegar entornos de alto riesgo mientras gestionan la exposición a la aplicación de la ley estadounidense.
Regularmente asistimos a clientes:

• Proporcionando asesoría de respuesta rápida cuando surgen demandas de extorsión o incidentes de seguridad, incluyendo evaluación en tiempo real de la exposición potencial bajo los marcos de apoyo material y sanciones de EE.UU.;
• Realizando evaluaciones integrales de riesgos en filiales, joint ventures, cadenas de suministro y corredores logísticos para identificar vínculos directos e indirectos con organizaciones designadas;
• Diseñando y mejorando programas de cumplimiento, incluyendo políticas, controles internos y protocolos de escalamiento adaptados a entornos de alto riesgo;
• Implementando debida diligencia y monitoreo basados en riesgo de terceros, incluyendo proveedores, distribuidores, proveedores de logística y otros intermediarios;
• Proporcionando capacitación especifica y práctica basada en escenarios para apoyar la toma de decisiones bajo presión, incluyendo en casos de extorsión;
• Realizando revisiones forenses de transacciones históricas y asesorando sobre estrategias de remediación, incluyendo evaluación de consideraciones de divulgación voluntaria;
• Apoyando esfuerzos de gestión de crisis que involucran riesgos de seguridad, exposición regulatoria y coordinación de aplicación transfronteriza; y
• Asesorando si y cómo efectuar una divulgación voluntaria ante las autoridades estadounidenses en relación con la exposición potencial derivada de transacciones o conductas vinculadas a organizaciones designadas, y apoyando a los clientes en la evaluación, investigación y abordaje de dichos riesgos.

Al proporcionar estos servicios, contamos con un equipo multidisciplinario que incluye ex fiscales federales, especialistas en sanciones y controles de exportación, profesionales de defensa de delitos de cuello blanco, e investigadores nativos de habla hispana y portuguesa con amplia experiencia de campo en toda América Latina. Hemos guiado a clientes a través de procedimientos penales, regulatorios y civiles paralelos bajo el ATA, diseñado marcos de cumplimiento reconocidos como referencias en la industria, y obtenido licencias de OFAC que permiten transacciones humanitarias y otras transacciones legalmente permitidas en jurisdicciones de alto riesgo.

Sería un placer discutir cómo estos desarrollos podrían afectar a su organización y adaptar un enfoque alineado con su huella operativa, perfil de riesgo y marco de cumplimiento existente.

¹ La U.S. Government Accountability Office (“GAO”) ha advertido que las TCOs utilizan cada vez más monedas virtuales y “cajeros automáticos de criptomonedas” para mover grandes cantidades de efectivo ilícito a través de fronteras internacionales. En consecuencia, el Departamento de Justicia (“DOJ,” por sus siglas en inglés) está priorizando el enjuiciamiento de violaciones intencionales que involucran activos digitales que facilitan la conducta criminal de los cárteles.